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Presentan Estándares Pro Bono para el sector de la abogacía en México

14-03-2018
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El sector de la abogacía en México presentó este pasado martes los Estándares Pro Bono México. Unos lineamientos que aporten claridad y profundidad al trabajo pro bono que realicen los profesionales del derecho “como parte y expresión de las acciones de responsabilidad social”.

Los estándares fueron presentados durante el Foro Pro Bono México 2018. México, es el país con mayores índices de desigualdad social de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ocupa el segundo nivel de impunidad más alto del mundo de acuerdo al Índice Global de Impunidad y un 85% de los mexicanos percibe que el país es corrupto.

Éstas son algunas de las razones que esgrimen los promotores para proponer los estándares para que la comunidad jurídica mexicana se una a este compromiso de responsabilidad social de la abogacía con la finalidad de facilitar acceso a la justicia a través del trabajo pro bono.

El grupo redactor estuvo conformado por cinco mujeres provenientes de las diferentes organizaciones promotoras de estos acuerdos. De este modo, en octubre de 2016, se conformó, incluyendo a Maru Cortazar y Mariana Vázquez del Mercado de la Fundación Appleseed México, A.C. Carla Aguilar Roman de la Fundación Barra Mexicana A.C., Lila A. Gasca Enríquez de Hogan Lovells e Ivette Montero del Centro Mexicano Pro Bono.

En este proceso de redacción se analizaron referencias de la labor pro bono en otros países, las legislaciones aplicables mexicanas e internacionales y estadísticas que justificaron el trabajo pro bono. Hubo intercambio de puntos de vista, se debatieron las distintas redacciones, se adaptaron al contexto para crear un primer documento que servirá de marco rector.

De hecho durante esta labor, según indicaron fuentes del grupo promotor surgieron ideas y proyectos pro bono que se han materializado como la organización de la comunidad jurídica para dar respuesta inmediata a la asistencia legal que se requirió por los sismos ocurridos en 2017.

Esta es “una gran oportunidad para que las personas y las Organizaciones de la Sociedad Civil puedan acceder a los servicios gratuitos de acceso a la justicia en México”, subrayaron desde el grupo de redactoras.

Para conocer más sobre estos estándares, puedes consultar este enlace a la web.