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 Consultoría

Los países de América Latina solo aportan el 0.18% de su PIB para la protección del medio ambiente

Según el Índice Global de Impunidad Ambiental en América Latina, los países latinoamericanos aún no progresan de manera efectiva en la implementación de políticas que protejan el medio ambiente y poblaciones vulnerables.

05-12-2023
Los países de América Latina solo aportan el 0.18% de su PIB para la protección del medio ambiente

El 22 de noviembre pasado, en las instalaciones del Senado de la República de México, se presentó el Índice Global de Impunidad Ambiental en América Latina (IGI-AMB LATAM 2023). Este proyecto surge de los estudios sobre impunidad global que la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) realiza desde 2014, con la colaboración de diversos aliados, entre los que se destaca la firma mexicana SIMO Consulting, especializada en el análisis de fenómenos sociales y económicos.
 
El índice tiene como objetivo evaluar los niveles de impunidad ambiental en la región de América Latina, abarcando a 33 países debido a la disponibilidad limitada de información. Esta región, reconocida por su biodiversidad y riqueza natural, enfrenta desafíos en la conciliación entre el crecimiento económico y la preservación del medio ambiente. Además, presenta contrastes significativos entre países en términos de conflictos socioambientales, deforestación y desigualdades socioeconómicas y exclusión social, lo que la vuelve altamente vulnerable a la crisis climática y la degradación ambiental. La medición comparativa de la impunidad ambiental es esencial para comprender las disparidades en la capacidad institucional, el acceso a la justicia y la voluntad política de los gobiernos para proteger el medio ambiente y respetar los derechos ambientales de las poblaciones más vulnerables.

El índice, a través de 52 indicadores, se centra especialmente en cuatro dimensiones que resaltan las capacidades institucionales y el desempeño de las políticas públicas para preservar el medio ambiente y asegurar el derecho a un entorno saludable. El IGI-AMB LATAM 2023 se destaca como una herramienta innovadora al incorporar criterios relacionados con delitos ambientales y estrategias que consideran el bienestar de las generaciones futuras.
 
Los progresos del IGI-AMB LATAM 2023 fueron presentados en el Foro de la Paz de París en noviembre de 2021. Se destacó como uno de los ocho proyectos latinoamericanos seleccionados para participar en el Foro y recibió reconocimiento como uno de los 10 proyectos elegidos para formar parte del Programa de Escalamiento (SCUP), lo que implicó recibir apoyo técnico y asesoramiento internacional para completar el diseño e iniciar la implementación del proyecto durante 2022 y 2023.

Se destacó, entre los resultados del índice, que solo 15 de los 33 países estudiados, han obtenido un resultado superior al promedio. Esto quiere decir que el desempeño ambiental de los países latinoamericanos aún presenta dificultados para lograr objetivos medioambientales, restringiendo el avance de la región al hacer frente a la degradación ambiental y la crisis climática. Solo el 0.18% del Producto Bruto Interno (PIB) de los países de América Latina, van destinados a la protección del medioambiente.

Los niveles de riesgo y vulnerabilidad son altos para la población, indicando que la posibilidad de contener el daño ambiental es muy vaga. De los 33 países estudiados, el 63.6% no reconoce el derecho al medioambiente sano en su Constitución de manera explícita, mientras que el 91% de estos países, no cuentan con procuradorías y/o fiscalías ambientales nacionales "Aunque del lado de las autoridades exista un discurso sobre la necesidad de actuar, no hay marco regulatorio explícito, recursos o instituciones que realmente puedan operar,” afirmó Azucena Cháidez, directora de SIMO Consulting y coautora del índice.

En contraste, se observa que los países de menor tamaño y con ingresos más bajos tienden a obtener resultados menos favorables en el Índice. Esta tendencia está vinculada a la presencia de capacidades institucionales más limitadas y a la ausencia de programas de estrategia intergeneracional. Por otro lado, las naciones de mayor extensión territorial muestran una mejor capacidad institucional; sin embargo, suelen recibir calificaciones más bajas en lo que respecta a la degradación ambiental y los delitos medioambientales. Según Celeste Cedillo, profesora investigadora UDLAP y coautora del índice, dice que el ejemplo más paradigmático es México: “Tiene buenas políticas federales pero no logra implementarlas a nivel subnacional. Es decir, no hay resultados en lo local.”
 
En la región, México, Brasil y Colombia destacan como los países con mayor cantidad de conflictos ambientales, representando conjuntamente el 49.8% del total de disputas en Latinoamérica. México lidera este grupo con un 19.8%. Además, estos tres países registran la mayor cantidad de casos de asesinatos de activistas ambientales, abarcando el 71.5% de la región, siendo nuevamente México el que presenta la cifra más elevada en este tipo de crímenes.

Para México, la IGI-AMB LATAM 2023 ha puesto en evidencia que las capacidades institucionales en materia ambiental en México son dependientes a la mayoría de capacidades del Gobierno Federal, eso quiere decir que por depender de las mayoría de las capacidades no significa habrá mejor respuesta, comparando con la capacidad subnacional. Este tardía gestión afecta a la posibilidad de implementar medidas políticas que protejan el medioambiente, a las poblaciones vulnerables y, sobre todo, del acceso a la justicia.
 
De manera similar, se destaca que la información pública relacionada con el ámbito ambiental tiende a ser desigual, inconsistente y su actualización es deficiente. Esta situación dificulta la inclusión de indicadores para todos los países, impidiendo medir de manera precisa y homogénea el desempeño ambiental de cada nación. El Índice insta a los países a desarrollar las capacidades necesarias para recopilar estos datos, ya que las circunstancias actuales plantean un desafío en términos de impunidad estadística. “No reportar la información es mantener viva la impunidad. Estas prácticas solo aportan oscuridad a procesos que tienen que evaluarse y monitorearse. Desafortunadamente, nos dimos cuenta de que los Estados no se están tomando en serio la tarea de documentar lo que hacen” aseguró Cháidez.

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