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ODS3. México enfrenta la peor crisis sanitaria de su historia moderna

En el Día Mundial de la Salud, México Evalúa, el CEEY, y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza describen las fallas del sistema de salud en México, desde el punto de vista de su accesibilidad, la calidad de los servicios y la protección financiera de la ciudadanía.

07-04-2021

En el Día Mundial de la Salud, México Evalúa quiere subrayar que todas las personas tienen derecho al “nivel más alto posible de disfrute de salud física y mental”, y los Estados están obligados a prevenir y tratar todas las enfermedades, así como a crear condiciones para el acceso a servicios médicos de calidad. 

El sistema de salud en México, sin embargo, presenta fallas que impiden el pleno ejercicio del derecho a la salud; excluye a 33 millones de mexicanos (26.2%) al no contrar con ninguna afiliación, lo que afecta a la población más pobre, mientras que el 45% de la población, 56 millones de personas, cuenta con afiliación a servicios de salud de la seguridad social –IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, Semar y Sedena–. El 26.8% de la población (33.8 millones de personas) está afiliada a sistemas públicos diferentes a la seguridad social, como el Seguro Popular, hoy Insabi, e IMSS Bienestar, y el 2.1% restante cuenta con seguro privado o afiliación a otra institución. 

La vinculación del acceso a servicios de salud con el régimen laboral constituye una de las principales fuentes de exclusión y discriminación. “Es indispensable romper el ‘cordón umbilical’ entre salud y trabajo, con el fin de erradicar y superar la dicotomía entre formalidad e informalidad. La salud no es una prestación laboral, es un derecho humano”, afirmó Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público de México Evalúa, en la presentación del análisis.

Esta fragmentación del acceso a servicios se agrava con la insuficiencia presupuestaria. México es de los países de la OCDE que menos gasta en salud, siendo sólo 2.8% del PIB, cuando 6.6% es la proporción promedio de los países que conforman este organismo internacional. Esto se refleja en las debilidades de infraestructura hospitalaria y de recursos humanos que enfrentamos. Tenemos, por ejemplo, una baja proporción de personal de enfermería con respecto a médicos: 1.2 versus 2.7, que es el promedio de la OCDE.

En 2020, el gasto público en salud creció 9% con relación al año anterior y apenas superó en 3% el presupuesto asignado en el PEF 2020. El incremento en la variación anual no fue nada excepcional si se considera que desde 2016 no hubo crecimiento, y en 2019 se acumularon tres años de caídas consecutivas.

En un contexto de pandemia, que el Gobierno ejerza en tiempo y forma los 670 mil millones de pesos (2.7% del PIB) que tiene presupuestados para 2021 como gasto funcional en salud tiene una importancia vital. Sin embargo, a febrero sólo ha ejercido el 11% de ese monto.

Por otra parte, la atención a la pandemia ha acaparado los recursos del sector salud y desplazado la atención de otros padecimientos. En 2020 sólo se dieron 168,173 consultas para la atención de cáncer de mama y cervicouterino en unidades de la Secretaría de Salud y de Servicios Médicos Estatales y Municipales, el equivalente a 43% del total de consultas otorgadas en 2019 (383,462). Las consultas en las 101 unidades de Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas de la Secretaría de Salud, que atienden principalmente a pacientes con diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemia (todas comorbilidades de covid-19), también se redujeron el año pasado: un 49% con respecto a 2019.

Por último, los efectos económicos de la pandemia, que han terminado afectando al mercado laboral, también permearon en el ejercicio del derecho a la salud. El porcentaje de ciudadanos que tenían acceso a servicios de salud y lo perdieron debido al desempleo ascendió a 8.2% en el tercer trimestre: 1.3 puntos porcentuales por arriba de lo observado en promedio durante los 14 años previos.

Nuestras propuestas

Urge romper el vínculo entre salud y régimen laboral, para que todas las personas puedan acceder a servicios de salud como un derecho, sin condiciones y sin distinción. Para ello, es necesario: 

  1. Darle sostenibilidad al presupuesto de la salud. Financiarlo con impuestos generales que reduzcan sustancialmente la carga económica en los bolsillos de las familias.
  2. Reorientar hacia los servicios de salud el gasto de programas y proyectos que no tienen rentabilidad económica y social. 
  3. Etiquetar ingresos provenientes de impuestos especiales para asegurar financiamiento a la atención de la salud pública, que suele verse impactada por las externalidades que generan ciertos consumos –tabaco, gasolinas, productos con alto contenido calórico–
  4. Incrementar el presupuesto para la salud, teniendo como primera meta igualar los montos presupuestales per cápita entre el Insabi y el IMSS.
  5. Transparentar el presupuesto asignado a la atención de la pandemia por covid-19.
  6. Modificar los criterios de asignación del FASSA, para que los recursos de la salud descentralizados a los estados se asignen con base en una función de costos y en las necesidades de atención a la salud actuales de cada entidad. 
  7. Implementar sistemas de información integrados, mecanismos de defensa de usuarios y vías de participación ciudadana, para evitar y corregir la negación del servicio, el desabasto de medicamentos, las fallas de calidad en la atención y los abusos y cobros excesivos en los servicios privados.

Los siguientes pasos

Nuestras organizaciones mantendrán la vigilancia ciudadana sobre el presupuesto para la salud y su aplicación, con la meta de avanzar en la cobertura universal de salud.  También participaremos en las discusiones sobre una reforma fiscal y hacendaria progresiva, a fin de que se mejore la progresividad de los impuestos y la efectividad del gasto público, colocando la salud como primera prioridad nacional. Finalmente, reforzaremos la colaboración y articulación con organizaciones ciudadanas que promueven el derecho a la salud, el abasto efectivo de medicamentos (“cero desabasto”) y la reforma al sistema desde la atención primaria en salud.